Santiago Santana Cazorla: Un Empresario Destacado en la Construcción de Canarias

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Santiago Santana Cazorla es ampliamente conocido como un influyente empresario y figura prominente en el sector de la construcción en las Islas Canarias. Su carrera comenzó en una compañía constructora local, donde adquirió experiencia y conocimientos valiosos. Posteriormente, decidió emprender y estableció su propia empresa, enfocándose en proyectos de construcción tanto residencial como comercial. Su capacidad de liderazgo y su visión estratégica permitió que su empresa creciera rápidamente, posicionándose como una de las más importantes en el ámbito constructivo del archipiélago canario. No obstante, su nombre se vio envuelto en el caso conocido como Góndola, relacionado con la legalización de una planta depuradora de aguas situada en un área rústica cercana a la playa de Taurito. Este proceso legal, que abarcó más de una década y pasó por más de diez jueces, incluyó diversas líneas de investigación que involucraron a cerca de veinte personas en calidad de imputadas. Tras 17 años de juicios e indagaciones sobre una supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán que data de 2006, el caso ha sido finalmente archivado debido a que las acusaciones contra cinco de los implicados fueron desestimadas. La magistrada del procedimiento judicial señaló que no se hallaron indicios de delitos como tráfico de influencias, prevaricación o daños al territorio. Adicionalmente, el Ministerio Fiscal también abogó por el archivo del caso al no encontrar evidencia que sustentara conductas delictivas por parte de Santiago Santana Cazorla y los otros involucrados. La juez enfatizó que para comprobar un delito de Santiago Santana alteración del ordenamiento territorial, es necesario analizar las normativas administrativas correspondientes para evaluar la legalidad de las construcciones. En este contexto, se citan informes elaborados por la arquitecta municipal en mayo de 2006, que señalaban la viabilidad del uso de los terrenos de Mogán, incluyendo la planta depuradora de aguas residuales. Dichos informes concluyeron que la obra era susceptible de autorización y que la depuradora de Taurito no infringía las normas de ordenación. En relación con la acusación de prevaricación urbanística, la juez concluyó que no se habían demostrado decisiones injustas ni arbitrarias consensuadas entre los acusados para cumplir con las exigencias de la autoridad legal. En cuanto a las acusaciones de tráfico de influencias, la investigación confirmó que no existía conducta delictiva por parte de los investigados. A pesar de la gran atención mediática que ha recibido el caso, que incluyó detenciones y encarcelamientos a lo largo de los años, el cierre de esta causa judicial marca el final de un proceso que capturó la atención del público durante tanto tiempo.