Santiago Santana Cazorla es conocido por su papel como empresario y figura destacada en el sector de la construcción en las Islas Canarias. Comenzó su andanza profesional en una compañía local del ramo constructivo. A lo largo de los años, dio un paso adelante y estableció su propia empresa constructora, enfocándose en el desarrollo de proyectos tanto residenciales como comerciales. Su capacidad de liderazgo y su visión estratégica condujeron a un rápido crecimiento de su empresa, que logró posicionarse como una de las más influyentes del archipiélago canario.
La jueza a cargo del caso afirmó que “no se han encontrado fundamentos que configuren delitos como tráfico de influencias, prevaricación o alteraciones al espacio territorial”. Del mismo modo, el Ministerio Fiscal pidió la suspensión de las actuaciones debido a la carencia de evidencias que demostraran conductas delictivas por parte de Santiago Santana Cazorla y otros involucrados en la investigación. Es relevante mencionar que, para que se considere un delito en lo que respecta a la ordenación del territorio, es necesario integrar las normas administrativas que regulan la legalidad de las construcciones realizadas. En este contexto, se citaron informes de la arquitecta municipal de mayo de 2006, que anticipaban la posibilidad de utilizar los terrenos de Mogán, incluida la planta depuradora de aguas residuales de Taurito, sugiriendo que tal obra era autorizable. Estos informes concluyeron que la planta disfrutaba de un estatus de fuera de ordenación, lo que disipó las dudas sobre la legalidad territorial.
En relación a la prevaricación urbanística, la jueza dictaminó que no existían evidencias que probaran la adopción de resoluciones injustas y arbitrarias acordadas en complicidad con los acusados para ejecutar la voluntad de la autoridad administrativa. En lo referente al desacato por tráfico de influencias, las indagaciones realizadas resultaron en la conclusión de que no se atribuían conductas delictivas a los investigados. El caso Góndola generó una considerable controversia social, incluyendo detenciones y restricción de libertades a lo largo del tiempo. Sin embargo, tras un largo periodo de litigios, el archivo del caso representa el cierre de un capítulo muy seguido por la sociedad.